POR FAVOR… ¡VAYASE!, por Iris Zamora Zumbado

Nuestra capacidad de asombro se ha agotado… una nota del periodista Alvaro Murillo en el periódico La Nación sobre la participación de un alto juez constitucional de la República en asesorías jurídicas gratuitas al Poder Ejecutivo, más sus “ingenuas” declaraciones en las que acepta la recurrencia en dichas asesorías, nos recuerdan que éste país camina irremediablemente hacia el barranco.

El magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto López ha participado como Magistrado propietario en asuntos relacionados con la tramitación de la Agenda de Implementación del TLC. Su voto han sido determinante en consultas sobre el polémico proyecto comercial, que el gobierno de La República ha sido su principal promotor.

¿En que queda la institucionalidad cuando un magistrado frecuentemente asiste al Poder Ejecutivo como asesor ad-honoren y más tarde se cambia el traje, regresa a la sala de sesiones del órgano constitucional y dicta fallos que cambian incluso la naturaleza de instituciones públicas como los monopolios estatales?

La credibilidad de las Instituciones Públicas y de los funcionarios públicos cada día se debilita más; con ello la democracia electoral, siendo sin duda nuestro mayor peligro, aun más que la desigualdad, la injusticia social, exclusión, o la inseguridad ciudadana.

La independencia de poderes tiene una fuerza superior que no solo nace de la teoría social, es que resulta fundamental para que la democracia opere, es vital para evitar la concentración del poder que da paso a las dictaduras o a regimenes totalitarios.

La Constitución de 1949, continúa vigente, al menos es de lo que estamos enterados. El artículo 9 señala claramente esa independencia que el magistrado Sosto Lopez trata de pervertir al señalarle al periodista Murillo de La Nación que: “ los poderes no están alejados porque pertenecen al mismo Estado “ y apunta lapidariamente “ una relación totalmente alejada ( entre ambos poderes) no es una concepción en el Estado Moderno”.

Una Constitución Política que pudiera ser manejada por cualquier hijo de vecino que la manipula a su gusto y antojo para justificar una actuación irregular e irrespetuosa no puede ser el marco en que ella opera día a día.

Una tiene que traer a la memoria al Magistrado Coto Albán, a Pizza Escalante y a esa extraordinaria mujer Ana Virginia Calzada con fallos trascendentales en cuanto a la equidad de género, al estudioso Fernando Cruz y otros muchos Magistrados que han arrojado luz sobre derechos humanos y derechos constitucionales. Muchas veces no hemos coincidido con sus resoluciones.

En ésta ocasión, la gravedad de las palabras que con espeluznante candidez, ¿o soberbia? el Magistrado Suplente Sosto se justifica, nos resultan irrespetuosas, indignas de quien nos protege-supuestamente- nuestros derechos constitucionales.

Hizo bien, el Ministro Zumbado en separarse del cargo, mientras le investigan, haría muy bien el señor Fernando Ortuño renunciando al BCIE y debería casi de inmediato el Magistrado Suplente Sosto López, enviar una nota al Directorio Legislativo renunciando a su suplencia.

Nos urgen testimonios claros, que nos recuerden, que aún hay respeto al ordenamiento jurídico en los funcionarios públicos. Nadie está exento de equivocaciones, si estas trascienden lo cotidiano deben ser sometidas al control legal, a todos debemos darles el espacio para que se defiendan, y dejar que los órganos que deben juzgar lo hagan con total independencia y transparencia.

El Poder Judicial no necesita ser foco de escándalos. La sociedad costarricense necesita instituciones en las cuales creer, funcionarios públicos transparentes. Debemos tener certeza de imparcialidad en los fallos de la Sala IV, hoy convertida en el Senado de la República porque uno de los poderes, el Legislativo abdicó.

El estatuto del Juez Iberoamericano , de la Unión Internacional de Magistrados señala “El componente más sustancial del Estado Democrático de Derecho es la separación de poderes y la independencia Judicial frente a los demás; la independencia-que debe ser técnico jurídica, política, social y económica- es la más importante condición de la imparcialidad, la cual a su vez es la característica nuclear de la actividad del Juez y la más firme garantía de los derechos y libertades ciudadanos” bueno, seguramente don Federico andaba muy atareado en sus asesoría gratuitas y no pudo leer el estatuto del Juez Iberoamericano… ¡ váyase don Federico, por favor ¡