La consulta a los indígenas debe hacerse, por Emilia González

El respeto al derecho ajeno es la paz

Las raíces domingueñas y la sentencia de la Sala IV, no pueden ser ignoradas por el diputado José Ángel Ocampo. La región que actualmente comprende Santo Domingo de Heredia, de la cual es originario y vecino, formó parte del Reino Huetar, dominios de Garabito, donde el cacique Yorusti ejercía el cacicazgo denominado Toyopan. Por su sangre y la de la ciudadanía domingueña corre la herencia huetar, sus tradiciones y en especial el amor y el respeto por la tierra y la vida.

En la segunda mitad del siglo XVI, diezmados por las enfermedades y el trabajo forzoso, los huetares sobrevivientes conservaron su patrón de agricultura basado en el maíz, los frijoles y otros cultivos, mejoramiento de semillas, uso de plantas que fue acompañado de gran refinamiento en el trabajo de objetos en piedra: metates, esculturas, mesas y altares ceremoniales.

Informa la prensa que el diputado Ocampo, introdujo en la Ley conocida como "ley escoba" del TLC la moción que luego la Sala IV obliga a consultar a los pueblos indígenas al abrir la posibilidad de poder patentar el conocimiento tradicional de esos pueblos.

Es una obscenidad que ahora en aras de evitar la obligada consulta que manda la Sala IV, se quiera reformar el inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad que data del año 1998, ley aprobada por su mismo partido PLN y que cobija también muchas de las actividades que desarrolla el IMBIO en el cantón.

Nada justifica la complicidad, ni el silencio que repite la historia de destrucción por nuevos conquistadores de nuestros antepasados y su conocimiento, mucho menos por obedecer a unos criollos educados, aculturados y graduados en universidades norteamericanas, que prefieren pensar y hablar en inglés, para quienes los pueblos indígenas son postales de Costa Rica de quita y pone, en aras de su interés comercial antropófago.

Mientras la Sala IV con magistrado asesor le dio la razón al diputado Ocampo por una mayoría mecánica no había problema en acatar sus sentencias, ahora sin amigo y con otros volviendo a sus fueros ¿el respeto era también otra mentira?

La consulta a los indígenas no tiene de previo resultado cierto, de lo que se trata es del compromiso verdadero con la democracia participativa, con lo que manda nuestra Constitución y las leyes a él, a los indígenas, a todos, el respeto al derecho ajeno es la paz: entre individuos como entre naciones (Benito Juárez 1867).

Domingueñas cumplen con su deber ciudadano, por Emilia María González

Foto por Ana Beatríz Villalobos

Comentarios al artículo de la Diputada Andrea Morales, por Emilia González

Agradezco a la Diputada Andrea Morales por su artículo en Las Hijas del Pueblo. En él fija su posición y eso es muy sano en una democracia. Concreta un anhelo de la ciudadanía por una efectiva rendición de cuentas en lo sustantivo de sus representantes y abre la posibilidad de una relación directa entre quienes detentan el poder temporalmente y la ciudadanía que lo delega.

Quisiera por ello hacer algunas reflexiones personales que se sustentan en maneras distintas, espero que no antagónicas, de ver las cosas. Para mí no se trata de elaborar duelos, sino de una manera diferente de concebir lo que es legalidad, legitimidad, democracia, representatividad, participación:

1. Coincido con usted en que numéricamente el resultado del referendum le da un ligero gane a quienes apoyaron el Sí, ha sido declarado legal por el órgano competente, pero no por ello necesariamente es legítimo o moralmente aceptable. Todas las denuncias, aclaraciones y establecimiento de responsabilidades políticas y legales que se exijan son de recibo. La justicia no es el derecho, es el derecho el que aspira a la justicia.

2. Nadie fue derrotado, todo lo contrario, la democracia ganó con el surgimiento de un nuevo actor político que a lo largo y ancho del país hizo posible poner en funcionamiento un nuevo instrumento de democracia participativa que enriquece cualitativamente la democracia nacional. Si esto no se valora y se toma en cuenta es fácil entonces caer en el juego de suma cero que nos hace creer o creerse que la mayoría lo gana todo y la minoría lo pierde todo y ello lo que conduce es que las decisiones futuras pueden ser fácilmente manipulables por ciertas elites políticas.

3. También es un hecho que ese resultado del domingo 7 más adelante puede cambiar y que para eso es la democracia. Pero para que ello ocurra hay que exigir y concretar garantías reales y efectivas en las futuras contiendas. De la abismal inequidad y desigualdad –económica, mediática, intromisión gubernamental, extranjera, irresponsabilidad social empresarial y debilidad institucional - que fueron evidentes en el pasado proceso de referéndum no pueden esperarse resultados diferentes a futuro. Haciendo lo mismo de la misma forma no es dable esperar que sucedan cosas distintas. Sentar responsabilidades, mejorar el marco legal y de garantías para procesos de sufragio en nuestra democracia se convierte en una exigencia hoy más que nunca en aras de no permitir entre otras cosas que la desconfianza en el sistema se acentué: casi la mitad 40% no acudió a las urnas. La pequeña diferencia numérica entre el 60% restante no otorga patente de corso o un cheque en blanco a ningún poder estatal.

4. Otra cuestión a precisar es que en el referendum la ciudadanía no votó las leyes de implementación y por ello esa aprobación del 7 de octubre no implica, en modo alguno, la aprobación de las llamadas leyes de implementación. No es una cuestión formal, esas leyes y tratados tendrán efectos más que el propio Tratado en la vida cotidiana de la ciudadanía nacional y es por eso que es sólo a la Asamblea Legislativa, como órgano soberano, a quien corresponde su aprobación o rechazo. Y por ello no sólo es exigible una amplia discusión pública y democrática sino también el adecuado estudio, discusión y debate en el cual deberá participar la sociedad civil y la comunidad experta. No puede seguir considerándose que la función de legislar recaiga sobre nadie más que en los diputados y diputadas electas, quienes a su vez deben recordar que son representantes por delegación de todos – mayorías, minorías y abstención - , porque lo contrario desvirtúa el sistema republicano que tenemos.

5. Para velar y defender con inteligencia que no se vaya más allá de lo pactado en el TLC una tarea pendiente por parte de quienes se oponen en la Asamblea Legislativa es establecer seriamente y a partir de ello tomar posición acerca de ¿cuáles son efectivamente esos proyectos de la agenda de implementación ¿quién establece que son esas leyes y no otras?¿están todas las que son? o ¿esas que se quieren tramitar apresuradamente, de manera atropellada y con vidrios polarizados responden nada más al interés de ciertos diputados (as) y cúpulas, algunos (as) con evidentes conflictos de interés, por ejemplo?

6. Porque hay que tener siempre presente que más allá de las leyes de implementación lo que el TLC tiende a concretar con estas y nuevas leyes que vendrán, es un modelo socio-económico inadecuado para nuestra sociedad cuyos alcances y consecuencias -como se ha visto en otros países- tienden a aumentar la desigualdad social y territorial, la pobreza, el desempleo, la violencia y que, por ello, todos los pasos que a partir de ahora se den no pueden estar supeditados únicamente a las agendas que quieran imponer quienes impulsaron este TLC (numéricamente minoría) utilizando para ello cualquier medio a su alcance no necesariamente legales.

Su referencia final a Don Issac Felipe Azofeifa, colocada también en la entrada del INS, una de las instituciones en subasta, es una de las poesías más entrañables y hace coincidir en lo fundamental, en el hecho de reafirmar una y otra vez el valor de la esperanza y la confianza en el espíritu de las y los costarricenses para construir juntos una Patria moralmente íntegra y solidaria para todos.

Es por ello que todos estamos en la obligación ciudadana de utilizar, sin mezquindades ni descalificaciones, los mecanismos que pone a nuestro alcance y nos facilita nuestro sistema democrático. Que cada quien actué responsablemente en el ámbito y escenario que le corresponde: en lo judicial, en lo legislativo, en el ejecutivo, en todo el aparato estatal y mediático, en la sociedad civil organizada, en el aula, en la curul, en el estrado judicial, en el sindicato, en la empresa pero también en la calle.

Se impone hacer un esfuerzo por sacarle el jugo a ese marco de legalidad democrática participativa por el bien del mayor número de habitantes de aquí en adelante y teniendo claro los conceptos. Estoy segura, que en ese sentido, usted se puede sentir siempre acompañada y que las diferencias conceptuales podrán ser esclarecidas en aras de un interés superior compartido de construir ciudadanía, en particular de los jóvenes, a quienes corresponde la conducción desde ahora del futuro del país.

Tendedero en Santo Domingo de Heredia, por Emilia González Madriz

Tendedero en el puente colgante ( o de hamaca) de Barrio el Socorro de Santo Domingo de Heredia .

Sin Palabras, por Emilia Gonzalez

Santo Domingo, Heredia

Carta a la Sala IV, por Emilia González y muchas firmas más...

Santo Domingo de Heredia, 14 de junio del 2007



Magistrada
Ana Virginia Calzada Miranda
Magistrados
Luis Fernando Solano Carreras, Presidente
Fernando Cruz Castro
Luis Paulino Mora Mora
Adrían Vargas Benavides
Gilbert Armijo Sancho
Ernesto Jinesta Lobo
Sala Constitucional
Corte Suprema de Justicia




Estimados señora y señores Magistrados:

Nuestra constitución es el marco jurídico a través del cual se realiza materialmente una concepción de modelo de desarrollo de Estado Social de Derecho mediante la concreción de los principios de igualdad, libertad y solidaridad.

Atendiendo las demandas sociales con criterios de utilidad social y no de mercado el desarrollo institucional y normativo que de ello se deriva nos ha permitido contar con un derecho a la salud, a la educación, al ambiente, al empleo en condiciones dignas, al agua, la infraestructura, la tecnología de la infocomunicación entre otros, cuya constante perfectibilidad es y debe ser obra de todos los días.

En este Estado Social de Derecho costarricense nuestro Poder Judicial y los Tribunales que lo conforman entre ellos: el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala IV, se erigen en garantía de su defensa, protección y profundización.

El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países de Centroamérica coloca a Costa Rica frente a una coyuntura política y jurídica sin precedentes en la historia moderna del país.

Y ello es así porque a partir de un objetivo comercial se pretende no otra cosa que concretar un objetivo político que pone en entredicho el modelo de desarrollo que tutela nuestra Constitución y que hasta el momento ha permitido la singularidad costarricense para insertarlo en otra lógica que permite una altísima concentración de la riqueza debido, por un lado, a la pérdida de acceso a servicios y por otro lado, a la adquisición o fusión de empresas ya existentes que no agregan nueva riqueza, sino que redistribuyen la existente en favor de unos pocos.

La expansión ilimitada del capital y el discurso que la acompaña como si se tratara del “libre funcionamiento del mercado”, ocultan el hecho de que el Estado sigue jugando un decisivo papel de apoyo y protección en este escenario sólo que a favor de las grandes empresas y de unos pocos.

Hoy está en manos de ese alto tribunal abrir el espacio para que se puedan continuar concibiendo proyectos de desarrollo e inversión, creadores de la infraestructura social, civil y tecnológica que permita soñar, pensar y llevar a cabo una política para una sociedad de futuro según nuestra particular manera costarricense de inserción en el mundo.

Con fe en su buen criterio costarricense y jurídico esperaremos respetuosamente su dictamen y permaneceremos vigilantes para defender la independencia judicial que la Constitución Política les otorga.


Con muestras de nuestro respeto y consideración


Ana Lorena Ulate

Emilia González

Beatriz McQuiddy

Elena Villalobos

Silvia Rodríguez

Marta Eugenia López

y muchas firmas de ciudadanas y ciudadanos más ….