Para impunidades, el tiempo, por Alicia Pifarré Pan

Seguridad y justicia son dos valores jurídicos que a menudo se llevan a las patadas. Tienen entre sí una relación extremadamente conflictiva: mientras no se manifieste la seguridad, valor de rango inferior, no habrá justicia; sin embargo, en muchas ocasiones, en aras de la seguridad se sacrifica a la justicia.

Los seres humanos, endebles como somos, atesoramos la seguridad mucho antes de percibir siquiera la sed de justicia. La prisión de Guantánamo demuestra que no miento.

Las trincheras jurídicas que permiten a funcionarios públicos conservar la investidura, a pesar de su conducta notoriamente reñida con los principios éticos, serán manifestación de la seguridad pero agravian a la justicia; mientras se tramitan investigaciones, recursos de apelación, acciones de inconstitucionalidad y más procesos de investigación ante distintas sedes, el Derecho torna evidentes sus miserias antes que su fortaleza.

Cuando la injusticia se traduce en impunidad, cuando los vericuetos y artilugios procesales dejan sin sanción a quien debiera, legalmente hablando, asumir las consecuencias de sus actos, la armonía social, fin último del Derecho, desaparece.

El alma humana reacciona instintivamente ante la impunidad liberando al monstruo de la ira para clamar venganza. Así, el Derecho pierde el monopolio de la fuerza y la convivencia social se torna caótica, violenta, imposible. No debemos llegar a este borde de la anomia.

Hoy en día ladrones, violadores, agresores, conductores temerarios, todos de inveterada reincidencia, pavonean su libertad ante la mirada incrédula y el terror paralizante de sus víctimas; y uno se pregunta ¿qué ha pasado con los procesos previos? ¿no hay sentencia? ¿los habrán encontrado inocentes en todos los casos? ¿por qué se dejó libre al autor de diecisiete puñaladas a una madre de cuatro hijos?
Los tiempos procesales corren a favor de las conductas antijurídicas y privan de protección a quienes cumplen las normas. No es justo.

Hoy en día una señora es diagnosticada con cáncer en el cuello del útero y le dan cita para operarla ocho meses después; la señora presenta un recurso de amparo que demora cuatro meses en resolverse, y cuando llegue la notificación ordenando a la CCSS que se la opere de inmediato, podría ocurrir que los deudos estén regresando del cementerio. No es justo.

Hoy en día, a más de un año de planteada, se declaró sin lugar la acción que consideraba ¡inconstitucional el deber de probidad en el caso de los diputados! Bien, luego de un año de tratamiento hemos recobrado la razón: también la conducta de los diputados encuentra límites en el deber de probidad. Se necesitó una resolución de la Sala IV para librar de toda duda a una verdad tan simple.

Declarar sin lugar la acción significa que no cabe -literalmente- ningún reclamo de constitucionalidad contra la ley. Debe aplicarse pues sin más demora, como cualquier ley vigente; por tanto, debe continuar el interrumpido proceso -iniciado por la Procuraduría de la Ética Pública- que determinará si se retiran o no las credenciales al diputado Fernando Sánchez, autor del memorandum que ofendió hasta el alma nuestra democracia.

Pero, ¡ay! el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que antes aseguraba resolver el asunto en un mes, ha dicho que esperará a conocer el texto completo de la sentencia antes de proceder. ¿Por qué tiene que esperar? No lo se. Y las decisiones del Tribunal no son cuestionables ante el Poder Judicial.

Según dicta la experiencia, pueden transcurrir más de seis meses antes de que el fallo de la Sala IV esté redactado. Después seguiría el proceso ante el TSE. Y así, es posible que el autor de tal manifiesto antidemocrático llegue al final de su mandato sin sanción alguna en caso de corresponderle. No es justo.

Decían nuestras abuelas: "para verdades, el tiempo". Hoy en día, con frustración, nos toca decir: "para impunidades, el tiempo". No es justo.

*Abogada